El preacuerdo sobre la LOPJ supone, entre otras cosas, la apertura a la negociación sobre el desarrollo de la misma, sin renunciar en ningún caso a la reivindicación y exigencia de la recuperación de todos los derechos arrebatados por los sucesivos gobiernos desde el año 2.010, así como a exigir un Registro Civil público, gestionado por funcionarios de Justicia y próximo al ciudadano.
Asimismo, en dicho preacuerdo se rectifica la mayor agresión a los derechos de los funcionarios de Justicia que recogía el anteproyecto de ley:
- Se mantienen todos los partidos judiciales que desaparecían en el anteproyecto inicial presentado por el Ministerio.
- Se mantienen los Juzgados de paz y agrupaciones como centros de destino transformados en Oficinas Judiciales de Paz con el personal de aquéllos que se integrarán en dichas oficinas que, además, potencian sus funciones. Estos órganos judiciales desaparecían en el anteproyecto inicial presentado por el Ministerio.
- Se mantienen los centros de destino municipales tal y como están en la LOPJ vigente frente a los centros de destino provinciales que se recogían en el anteproyecto presentado por el Ministerio.
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