No obstante, ante la apertura del año judicial, CSI·F denuncia el déficit de personal y la situación de “caos informático” en las aplicaciones informáticas de gestión procesal que, o bien no funcionan, o bien, están obsoletas e incluso descatalogadas, por lo que no tienen ni soporte técnico para su mantenimiento. Se trata en muchos casos de aplicaciones que conviven con otras más modernas de diferentes administraciones y, todas ellas, incompatibles entre sí.
Sin resolver el problema de este caos informático cualquier proyecto organizativo que se plantee por cualquier Ministro estará condenado al fracaso más absoluto, pues los cimientos de cualquier organización se asientan, entre otros aspectos en la utilización de una herramienta informática moderna, eficaz, eficiente y fiable cosa que no tenemos.
Por otra parte, desde CSI·F creemos que es hora de apostar por el capital humano de la Administración de Justicia. Por eso denunciamos los intentos de privatización de la Administración de Justicia tanto en el Registro civil como en los actos de comunicación y ejecución.
Una Administración moderna debe contar con medios personales suficientes a través de la convocatoria de procesos selectivos que llevan congelados varios años. Pero además, debe aprovechar al máximo los recursos humanos con los que cuenta y fomentar que sus profesionales desarrollen su potencial en la gestión de este servicio público antes de tomar decisiones como la de embarcarse en la venta al por mayor de partes de la Justicia cediendo a intereses privados, prescindiendo de un personal cualificado y experto y a costa de los ciudadanos.
Se dice que la Justicia es lenta pero esa afirmación no se debe generalizar y debe analizarse teniendo en cuenta el contexto de precariedad de medios personales y materiales puestos a disposición de los Juzgados y Tribunales.
Sin medios materiales y personales suficientes la Administración de Justicia no puede alcanzar los ratios de respuesta que el ciudadano demanda con razón. Sólo el esfuerzo y el trabajo de todos los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia, muy poco reconocido, por cierto, desde instancias políticas, evita que la situación de la Administración de Justicia no sea peor.
